“Ya es viernes, tuve una semana difícil, se me antoja tomarme una copa”. Este es el pensamiento común de los mazatlecos, que cansados del estrés diario, ansían el fin de semana para salir a divertirse a los restaurantes y bares de la localidad.

Hasta hace unos meses, era una decisión que quedaba en las manos de cada persona; hoy la situación ha cambiado.

Es impresionante, como el ayuntamiento ha tergiversado la finalidad del alcoholímetro.

El alcoholímetro en sí, es una herramienta que tiene por objeto prevenir accidentes ocasionados por conducir en estado de ebriedad; sin duda, es una medida noble que busca proteger a los ciudadanos.

En Mazatlán, el problema no es el alcoholímetro, sino la manera en que se aplica y las sanciones que se imponen a los ciudadanos como consecuencia del mismo.

De entrada, cercan las calles como si fueran corrales para obligar a las ovejas a pasar por ellos; pasas y te obligan a soplar en un “artefacto” de dudosa procedencia y funcionamiento técnico, que la mayoría de las veces te arroja un grado de alcohol exagerado que no corresponde con tu verdadero estado físico.

Sin mayor preámbulo y explicación, te exigen pasar al área de detención, inmediatamente los agentes de tránsito, te bajan del vehículo y comienzan a registrarlo e inventariarlo para llevárselo al corralón, mientras tu esperas a que  más víctimas caigan para irse todos en caravana, directo al tribunal de barandilla.

Lo más sorprendente es que la mayoría de las personas detenidas, NO PRESENTAN SINTOMAS FISICOS DE ESTADO DE EBRIEDAD, al contrario, se trata de padres de familia y grupos de amigos que decidieron salir a cenar y su crimen fue tomarse una copa, y lo sostengo, porque me ha tocado vivirlo muy de cerca.

Hay que aclarar que cuando el conductor está ebrio, es indudable que la medida cumple su objetivo, pero, ¿Cuándo no está?

De todas las personas que están en la redada, nadie te sabe contestar, ¿Qué parámetros toman en cuenta para determinar si alguien está en estado de ebriedad?, basta con que el “médico” diga, “para mí es 0.5 grados y eso es primer grado de alcoholismo”, el resto, es historia.

Entonces, ¿Dónde queda la seguridad jurídica de los gobernados?, ¿En que se apoya el gobierno municipal y estatal para aplicar esta medida de esta forma? ¿Qué no se supone que se trata de prevenir y proteger? ¿Dónde está la protección, si los detenidos desconocen sus derechos y más aún las causas reales de su detención?, ¿Quién me asegura que el aparato que están utilizando no está contaminado con el aliento de los cientos de personas que pasaron antes que yo?

Mazatlán no es la primera ciudad en la que se implementa esta medida y por tanto hay precedentes que revelan la ilegalidad de la aplicación de la medida.

En el Distrito Federal cada alcoholímetro se abre delante del ciudadano, para que tenga la certeza de que no está contaminado con el aliento alcohólico del que pasó antes que él, cosa que aquí no se hace, pues es el mismo aparato contaminado que se usa para todas las ovejas que pasan por la puerta del corral.

Otro dato, que llama la atención, es que en las ciudades grandes donde se usa la medida, se expiden acuerdos que establecen los parámetros que determinan si un ciudadano está en estado de ebriedad o no, como sucede en el Distrito Federal, cuyo acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal relativo a la aplicación del alcoholímetro señala los grados que debe marcar el aparato como consumo mínimo de alcohol, lo que no sucede en Mazatlán.

El ayuntamiento perdió de vista que aunque la Ley de Gobierno Municipal y el Bando de Policía y Buen Gobierno, prevén la imposición de sanciones por faltas al orden público, estas deben aplicarse protegiendo siempre las garantías y derechos humanos de los ciudadanos.

Un claro ejemplo de ello, es el artículo 98 del reglamento en mención, que señala claramente, que el tribunal de barandilla puede imponer cualquiera de las sanciones que establece el artículo 85 del mismo ordenamiento, SIN EMBARGO, es una opción para este decidir, si quiere, pagar la multa o cubrir las horas de arresto, pero de ninguna manera está obligado a CUMPLIR CON AMBAS SANCIONES.

Entonces, si nuestro propio Bando de Policía y Buen Gobierno dicta que los infractores por conducir en estado de ebriedad no pueden ser merecedores de dos sanciones simultaneas ¿Por qué nos obligan a hacerlo?

Se reitera, no estamos en contra del alcoholímetro, solo queremos hacer un llamado para que las autoridades lo apliquen, pero BIEN, respetando los derechos de los ciudadanos responsables, que aunque de vez en cuando nos gusta tomarnos una copa, tenemos la precaución prevenir un accidente automovilístico, no nos obliguen a pagar multas y cumplir condenas, cuando no nos la merecemos, ni tampoco, golpeen la economía de la ciudad, embolsándose el efectivo que podemos invertir para hacerla crecer.

Por: Laura Alicia Aranda Franco.

Imagen: West Midlands Police