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Por: Laura Alicia Aranda Franco

En un mundo ideal, los ayuntamientos prestan los servicios públicos municipales de tal forma que los habitantes del municipio que dirigen, tienen una alta calidad de vida, no hay inundaciones, ni delincuencia, las calles están bien iluminadas, los parques y jardines limpios, los rastros municipales no contaminan, entre otras cosas.

En la vida real esto no sucede. Los ayuntamientos, de forma directa o a través de un tercero (paramunicipal, persona moral de participación estatal, etc.) prestan los servicios públicos municipales dejando mucho que desear. Sin embargo, lo que muchos ayuntamientos desconocen (o se hacen) y a la vez, los habitantes, es que los últimos tienen opciones legales no solo para exigir que los servicios públicos se presten a diario, sino que se presten en condiciones adecuadas.

En Mazatlán, ya se empiezan a ver los primeros levantamientos en armas (por así decirlo) de los ciudadanos inconformes, pues ya no quieren que el ayuntamiento siga cumpliendo a medias con su función.

Por ejemplo, ¿sabía que hasta el 2015 el rastro municipal del puerto operaba sin cumplir con ninguno de los requisitos que exigen las leyes y normas oficiales mexicanas? Por ejemplo, tenían y aún tienen varias de las siguientes fallas (por mencionar algunas):

  • No cuentan con un horno incinerador de residuos peligrosos;
  • Tiraban los residuos que generaban, directamente al estero de Urías;
  • Arrojaban la sangre de los animales sacrificados directamente al drenaje de la ciudad;
  • No utilizaban instrumentos de material anticorrosivo para el sacrificio del ganado;
  • No cuentan con las licencias necesarias para operar el rastro.
Los ciudadanos, no estábamos enterados ni sabíamos que podíamos cambiarlo, si el ayuntamiento no cumplía, ¿cómo nos harían caso a nosotros?

Actualmente, Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C. (ACS) lucha por corregir la situación del rastro municipal, exigiéndole al ayuntamiento que haga su trabajo y repare de inmediato los daños que ha causado la prestación deficiente de ese servicio municipal.

En conclusión, está en nuestras manos defender el nivel de vida que las leyes nos reconocen y exigir que sean cumplidas por quien tiene el deber de llevarlas a cabo. Si no conocemos las opciones legales a nuestro alcance, busque a un abogado que esté interesado en el bien común. Recordemos, no basta con quejarse, hay que accionar.

Si desea consultar más información sobre las acciones colectivas y ACS, lo invitamos a visitar la siguiente liga: http://acsinaloa.com

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