Hay muchas quejas en relación con la millonaria pérdida por la construcción del Hospital General en esta ciudad. Se habla de que costó 400 millones de pesos y que ese dinero se tirará la basura.
Si eso es verdad, como todo parece indicarlo, obviamente se debe fincar responsabilidad a los servidores públicos que permitieron que todo ese dinero fuera desperdiciado de una manera tan irresponsable.
Pero además, hay que aprovechar el viaje para revisar si esa obra, tan mal hecha, según algunos expertos, efectivamente costó 400 millones de pesos o se inflaron los precios.
Es voz popular que, en los tres niveles del gobierno, cuando se trata de gastar dinero público en obras de esta naturaleza o en la adquisición de cualquier bien o cualquier servicio, siempre hay mano negra, siempre hay ladrones y siempre hay negocio para algunos servidores públicos que aprovechan para cobrar jugosas comisiones a las empresas «suertudas» o para crear empresas con familiares y cuates, que se lleven los contratos correspondientes y hacer ellos mismos el negocio.
No sé si en este gasto de 400 millones de pesos, se inflaron precios, se cobraron comisiones ilegales y si alguien robó a manos llenas. Como la mayoría de los ciudadanos, sospecho que hay algo muy sucio y que alguien nos está viendo la cara.
Lo que si sé, es que quienes tienen el deber de investigar ese hecho, sencillamente no lo van a hacer. Los diputados locales no van a formar una «comisión» investigadora, ni sacarán algún «punto de acuerdo» en ese sentido. La mayoría está «maiceado». El Gobierno del estado, por su parte, no va a hacer nada.
Así como ese ejemplo de dinero tirado a la basura (sospecho que se quedó en los bolsillos de alguien), tenemos otros graves ejemplos de actos de corrupción que no son ni serán investigados. Me refiero al robo descarado que se da en los Hospitales Generales de Mazatlán y Culiacán, por la compra de materiales médicos a precios súper inflados, especialmente a un proveedor que, curiosamente gana casi todas las licitaciones, o que ni siquiera necesita entrar a licitaciones porque le asignan los contratos directamente.
Algunas fuentes confiables, que conocen las irregularidades desde la «panza» del Hospital General, dicen que, por ejemplo, tan sólo en un solo insumo o material que cuesta en el mercado $200 o $ 300 pesos, el Hospital lo está comprando en $ 3,000.00 pesos, es decir, se están gastando por lo menos $ 2,700.00 pesos a lo bruto.
Y mientras ese dinero se va quién sabe para qué bolsillos, en lugar de utilizarse en comprar más y mejores medicinas, más y mejores aparatos de diagnóstico o en mejorar el servicio del hospital, los paciente se tienen que conformar con un servicio de pésima calidad, que ya ha cobrado la vida de varios de ellos, especialmente madres en trabajo de parto y sus bebés.
Algunos empresarios y algunos líderes sociales, han alzado la voz en relación con estas graves irregularidades en el ejercicio de la función pública, pero no pasan de ahí. Nadie hace lo único que se ha demostrado que funciona: demandar a los rateros.
Lo he dicho antes y lo seguiré diciendo. Si de verdad quieren lograr algo, dejen de llorar, saquen sus carteras y contraten buenos abogados.
Por: David Cristóbal Álvarez Bernal*
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*Socio Director de Bufete Álvarez y Asociados y Presidente del Consejo Directivo de Acciones Colectivas de Sinaloa, A. C.