Mucho de qué hablar ha dado la suspensión del desarrollo inmobiliario Plaza Laguna, que se pretende construir en el llamado corredor automotriz.

A la fecha de esta colaboración, la obra está suspendida y nadie sabe con exactitud las razones por las que fue suspendida. Se dice que intervino Profepa por daños ambientales y que también tiene vela en el entierro Semarnat.

No importa el motivo por el cual fue suspendido el desarrollo inmobiliario a que me refiero, lo importante es que fue suspendido y esa misma suerte deberían sufrir todos los desarrollos inmobiliarios del puerto que no cumplan con los requisitos legales o impacten al medio ambiente.

Por el lado del derecho ambiental, todos los desarrollos inmobiliarios requieren de un dictamen de impacto ambiental y, para obtenerlo, requieren una manifestación de impacto ambiental. ¿Ahora pregúnteme cuantos de los desarrollos inmobiliarios actualmente en marcha en la ciudad han llenado esos requisitos? Pues, ¡ninguno!

Por el lado del derecho urbanístico (desarrollo urbano) necesitan cumplir los requisitos que señala el Reglamento de Construcción Municipal y ajustarse al Plan de Desarrollo Urbano correspondiente. Entre algunos requisitos destacados tenemos: que el uso de suelo corresponda con el destino que va a tener el desarrollo; que no se exceda la densidad de población (número máximo de habitantes por hectárea); que no se pongan en riesgo los servicios públicos (agua, drenaje, energía eléctrica, vialidades). ¿Cuántos desarrollos en marcha cree usted que cumplen por lo menos con estos requisitos? Pues más o menos el 10 por ciento, ¿cómo la ve?

Pero además, por el lado del derecho de los consumidores (los futuros compradores de los condominios, casas o locales comerciales que integran el desarrollo inmobiliario), para vender en preventa, como está anunciado en Plaza Laguna, se requiere contar con un contrato de adhesión registrado ante Profeco. De los que venden en preventa, ¿cuántos desarrollos cree usted que lo tienen? Sí, adivinó, ninguno.

Como lo dije en una colaboración anterior, las preventas han dado origen a muchos fraudes inmobiliarios y se supone que el Ayuntamiento, pero sobre todo Profeco, deberían estar al pendiente de los nuevos desarrollos que se vendan en esta modalidad y suspender y multar a los que no cumplan con tener su contrato de adhesión inscrito en Profeco, pero no hacen nada. Todo lo quieren resolver a toro pasado, es decir, cuando ya se dio el fraude inmobiliario y el consumidor ya fue afectado.

¿Qué no deberían actuar antes y prevenir los fraudes inmobiliarios, en lugar de tratar de resolverlos ya cometidos? Es como que el médico le diga que no tiene caso que vaya a verlo antes de que se enferme de cáncer y que mejor lo haga ya que tenga problemas de salud.

Ahora que si no me cree que este tipo de problemas se dan con más frecuencia de la deseada, déjeme darle unos ejemplos reales y recientes: algunos compradores del desarrollo Raíces ya pagaron el total de la venta y no les quieren firmar sus escrituras, y a algunos ni siquiera les construyeron sus casas o las dejaron a medias. Además, lo que compraron está hipotecado y la empresa no tiene dinero para liberar la hipoteca.

Lo mismo les ha pasado a algunos compradores del desarrollo Escondido Towers, y la lista de desarrollos en la misma situación es larga. Después de saber esto, ¿cree usted que es importante prevenir estas cosas?

Las acciones colectivas en materia de consumo tienen como objetivo, entre otros, prevenir los fraudes inmobiliarios. Precisamente por eso es necesario empezar a activarlas presentando las demandas correspondientes a la brevedad, para evitar que se afecten a compradores de buena fe.

Si hacer esto se considera poner obstáculos a la llegada de inversiones en nuestra ciudad, pues ni modo, nos confesamos culpables, pero en nuestra defensa diremos que no se trata de poner obstáculos, las inversiones son bienvenidas, se trata de evitar fraudes inmobiliarios y evitar la angustia y coraje de aquellos que confiaron en quien les vendió la casa o condominio de sus sueños y no tienen nada, ni casa ni su dinero.

Por: David Cristóbal Álvarez Bernal(*)
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(*)Socio Director de Bufete Álvarez y Asociados y Presidente del Consejo Directivo de Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C.