En una colaboración anterior comentaba que sin querer ser ave de mal agüero, anticipaba que seguramente el Congreso del Estado sacaría adelante la aprobación de los decretos enviados por el Gobernador, para autorizar que se afecte una parte de las participaciones federales que recibe el estado, a fin de garantizar la recuperación de su «inversión» a las empresas que ganaron las licitaciones para construir un hospital en Mazatlán y otro en Culiacán.
Hoy leemos en la prensa que, lamentablemente yo tuve razón y, habiéndome reservado el derecho en mi colaboración anterior, con mucha pena hago uso del mismo así que: «les dije».
Anticipaba que, por muchos esfuerzos que hagan las organizaciones ciudadanas y empresariales, si esos esfuerzos no van acompañados de una fuerte estrategia legal, casi siempre se topan con pared y nuestros flamantes gobernantes terminan haciendo lo que saben hacer muy bien: lo que quieren, cuando quieren y cómo quieren.
Aún con el puñal que clavaron en la espalda de todos los sinaloenses los señores diputados del Congreso del Estado que votaron a favor de este brutal endeudamiento, creo que por lo menos se deben iniciar procedimientos legales en su contra, para fincarles responsabilidad administrativa, política, civil o penal.
De lo contrario, todo quedará en gritos y sombrerazos y ningún ejemplo se dará para que en el futuro no se repitan este tipo de barbaridades y, de paso, se fomentará la cultura de la impunidad.
Finalmente, los señores diputados seguramente están pensando que esto no pasará de un escándalo en los medios, que con el tiempo se olvidara, mientras ellos ya se ganaron su bono, premio o la recompensa que les hayan dado por su voto.
La pelota está ahora de lado de quienes alzaron la voz para evitar lo que acaban de hacer los señores diputados. Ellos saben si se quedan haciendo rabietas o si los llevan a los tribunales.
Por: David Cristóbal Álvarez Bernal(*)
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(*)Socio Director de Bufete Álvarez y Asociados y Presidente del Consejo Directivo de Acciones Colectivas de Sinaloa, A. C.