Un lamentable accidente que costó la vida a un pasajero y mantiene a otros en grave estado de salud, puso al descubierto las deficiencias en el servicio público de transporte foráneo de personas.

Los afectados no han sido tratados debidamente por la empresa responsable de reparar los daños causados y, por daños me refiero a las indemnizaciones que tienen que pagar por los fallecimientos, los gastos médicos y de medicinas correspondientes, así como, en su caso, los pagos por las incapacidades parciales o permanentes que correspondan y el daño moral.

Supuestamente todas las empresas que prestan el servicio público de transporte de personas, ya sea foráneo, es decir entre ciudad y ciudad o urbano, es decir dentro de la misma ciudad, como por ejemplo los camiones urbanos que todos conocemos, así como los taxis, pulmonías, etc., están obligados a tener contratado un seguro de viajero.

Pero basta un lamentable accidente para descubrir que en realidad ese seguro o no existe, o es insuficiente o, es exageradamente difícil hacer uso del mismo.

Lo anterior con la complicidad o negligencia de las autoridades encargadas de vigilar que las empresas cumplan con la obligación legal de tener el seguro de viajero a que me refiero.

Como siempre que están en juego los intereses de un pequeño grupo de consumidores frente a los intereses de una empresa de cierto peso, el desequilibrio entre proveedores y consumidores es evidente y, precisamente a eso le apuestan las empresas.

Usan a su favor ese desequilibrio, la falta de asesoría legal calificada y la desorganización de los consumidores, para cometer este tipo de abusos una y otra y otra vez.

Y lo van a seguir haciendo mientras los consumidores no se eduquen en los derechos que tienen y en los vehículos legales con que cuentan para hacerlos valer.

Lo he repetido casi hasta el cansancio, los consumidores tenemos las acciones colectivas al alcance de nuestra mano, pero no las usamos.

Las cosas seguirán iguales hasta que se logren condenas millonarias en las acciones colectivas en marcha, esperemos que, cuando esto suceda, todos aquellos de nosotros que nos encontramos en un estado de pasividad y apatía, por fin despertemos y empecemos a utilizar esta herramienta legal tan valiosa.

Ojalá no se dé ningún accidente más de esta naturaleza, para qué la sociedad muestre cierto grado de indignación. Con molestarnos, quejarnos e indignarnos, no ganamos nada, necesitamos demandar.

Por: David Cristóbal Álvarez Bernal

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El autor es socio director de Bufete Álvarez y Asociados, S.C. y presidente del Consejo Directivo de Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C.