¿Sabía que en Sinaloa cualquier ciudadano tiene el derecho de presentar iniciativas de leyes? Esto quiere decir que cualquiera de nosotros puede presentar al Congreso del Estado las propuestas (iniciativas) de leyes que considere convenientes, pero por supuesto, hay que llenar ciertos requisitos legales que no son muy complicados.

El problema no está en que podamos presentar iniciativas de leyes, sino que los señores diputados locales se pongan a trabajar y hagan lo que tienen que hacer para que esas iniciativas sean dictaminadas, aprobadas o rechazadas.

Es del conocimiento público que en el Congreso del Estado, los señores diputados meten al «congelador» aquellas iniciativas de leyes que no les convienen o en las que no tienen ningún interés político, o en las que no advierten que puedan recibir algún beneficio ya sea político o de otro tipo (sí, también ahí hay corrupción).

Esto desespera a algunas organizaciones de la sociedad civil que ven cómo buenas iniciativas de leyes son «congeladas», sin que aparentemente puedan hacer nada para sacarlas del congelador.

La buena noticia es que sí hay instrumentos legales suficientes para obligar a los señores diputados locales a desquitar su sueldo. Esos instrumentos van desde el juicio de amparo hasta denuncias contra los diputados por responsabilidad administrativa y política, derivada de las omisiones en las que incurren en el proceso legislativo.

¿Y por qué entonces nadie ha hecho nada? Por la sencilla razón de que a nadie le interesa. Las organizaciones de la sociedad civil sólo conocen un camino para tratar de llegar a su destino, que consiste en tratar de convencer a los diputados de que hagan su trabajo.

Como seguramente lo supone usted, ese camino no ha funcionado muy bien, pues los señores diputados simplemente ignoran a las citadas organizaciones y, cuando les hacen caso, terminan aprobando leyes que nada tienen que ver con las que originalmente les presentaron.

Si de verdad queremos que los diputados locales desquiten su sueldo, ya no debemos de «rogarles» para que hagan su trabajo, sino que debemos de empezar a demandarlos en los tribunales exigiéndoles que cumplan con su deber.

Como lo he dicho ya muchas veces en esta columna, las herramientas legales están al alcance de nuestra mano, sólo que no hay ningún valiente que se anime a utilizarlas. ¿Lo será usted? ¿Lo harán las organizaciones de la sociedad civil o sólo seguirán quedándose en pláticas de café? ¿Lo harán las Cámaras empresariales?

Por David Cristobal Alvarez Bernal