{"id":8710,"date":"2025-08-12T15:20:36","date_gmt":"2025-08-12T22:20:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bufetealvarez.com\/?p=8710"},"modified":"2025-09-25T09:42:11","modified_gmt":"2025-09-25T16:42:11","slug":"recuerdan-el-famoso-quien-contamina-paga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bufetealvarez.com\/en\/recuerdan-el-famoso-quien-contamina-paga\/","title":{"rendered":"Do you remember the famous saying \u201cthe polluter pays\u201d?"},"content":{"rendered":"\n
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Ahora y después de años de un arduo trabajo en tribunales, se podrá ver materializado en el país, pero específicamente en esta ciudad.<\/p>

El pasado 30 de abril, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en definitiva, si no la primera, una de las primeras demandas de responsabilidad ambiental a nivel nacional, y precisamente por un caso sucedido en nuestra ciudad.<\/p>

En 1998, una empresa instaló un rastro y planta de producción de carnes frías así como embutidos, en la colonia Urías, zona que, de acuerdo al Plan Director de Desarrollo Urbano de Mazatlán, está clasificada como “Habitacional H4” en la que se prohíbe el giro de rastros para bovinos, aves y porcinos.<\/p>

Para quienes no lo saben, en el Plan mencionado (ahora conocido como Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mazatlán) se establecen, entre otras cosas, los usos permitidos en las zonas de la ciudad, los cuales por lo general se dividen en habitacional, turístico e industrial.<\/p>

Como lo mencioné, la planta ha venido operando desde el año 1998 en la colonia Urías, la cual es una zona clasificada como “Habitacional H4”. Para quienes han transitado por la colonia Urías, posiblemente sepan que hay un rastro privado funcionando en esa zona; que dicho sea de paso, antes también se encontraba uno municipal, pero en cumplimiento a la sentencia condenatoria de una acción colectiva en la que me tocó colaborar con Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C., el Ayuntamiento de Mazatlán tuvo que cerrarlo para abrir uno de Tipo Inspección Federal.<\/p>

La operación de un rastro se encuentra regulada por diversas disposiciones legales, entre ellas la Ley de Aguas Nacionales, La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como por las Normas Oficiales Mexicanas 001-SEMARNAT-1996 y 002-ECOL-1996, pues al generar aguas residuales, éstas deben ser tratadas antes de su descarga en cuerpos de agua nacionales o en el drenaje municipal.<\/p>

Las aguas residuales son las que han sido utilizadas en las actividades humanas, ya sea domésticas, industriales, comerciales o agrícolas. Por esta razón, todas las personas que descargan aguas residuales, ya sea al drenaje o a cuerpos de agua, deben cumplir con las obligaciones que marcan las leyes y normas ambientales en materia de contaminantes; no todos están conscientes de esto, pues incluso, personalmente me ha tocado saber de restaurantes que generan contaminación ambiental porque sus trampas de grasa no funcionan.<\/p>

En el caso específico, un vecino de la colonia Urías fue quien, con nuestro apoyo legal (pro-bono), presentó una demanda de responsabilidad ambiental contra la empresa que opera el rastro privado. En la demanda se reclamó la reparación del daño ambiental causado por la empresa, entre otros, por la descarga de aguas residuales al sistema de drenaje, que excedían los límites máximos permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996.<\/p>

En primera y segunda instancia, los tribunales absolvieron a la empresa porque consideraron que el vecino afectado no demostró que, con la operación del rastro privado, la empresa causó un daño ambiental.<\/p>

Sin embargo, la SCJN no compartió esta decisión y después de un análisis a los antecedentes, pruebas que se ofrecieron durante el juicio y la zona donde se encuentra la empresa, consideró que sí existieron elementos suficientes para estimar que se generó un daño ambiental pero sobre todo, que la empresa tenía la obligación de demostrar que sus operaciones no causaban un daño.<\/p>

La SCJN estimó que la empresa no cumplió con lo previsto en las leyes ambientales, porque el permiso necesario para descargar aguas residuales en el sistema de drenaje y alcantarillado municipal (el cual se dirige al estero de Urías) le fue otorgado hasta el año 2017, a pesar de que tenía que contar con él desde 1998.<\/p>

Además, la empresa no cumplió con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996 porque en dos ocasiones, las aguas residuales que descargó al sistema de drenaje rebasaron los límites permitidos de contaminantes básicos. Y si bien esto solo sucedió dos veces, como hasta antes del año 2017, la empresa no contaba con el permiso de descarga, conforme a los principios de prevención e in dubio pro natura (traducido como “en la duda, a favor de la naturaleza”) que rigen en materia ambiental, se presume que durante todo ese tiempo (1998 a 2017) la empresa generó aguas residuales que no fueron debidamente tratadas y aún así, fueron arrojadas al drenaje municipal.<\/p>

En consecuencia, la SCJN resolvió que la empresa actuó ilícitamente porque:<\/p>