La solicitud de iniciar un juicio político para fincar responsabilidades contra nuestros gobernantes, es una herramienta «democrática» que en la práctica resultaba inútil por la sencilla razón de que el Congreso del Estado (nuestros diputados locales), simplemente «congelaban» la denuncia y no había forma legal alguna de obligarlos a iniciar, tramitar y resolver el juicio político. Como quien dice, se tapaban unos con otros y se hacían y cobraban favores, con ese método sencillo de enviar al congelador todas las denuncias de juicio político presentadas.

Pues bien, en esta semana el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un asunto derivado de un amparo patrocinado por nuestro despacho, acaba de resolver que el juicio de amparo si es procedente contra el Congreso del Estado, para obligarlo a darle tramite y resolver la solicitud de juicio político presentada contra un servidor público a quien se le imputen violaciones legales que ameritan que sea inhabilitado.

Esta es una excelente noticia para los ciudadanos de a pie, pues ahora podemos obligar al Congreso del Estado a hacer su «chamba», atendiendo la solicitud de juicio político y decidiendo si procede o no, con lo que impulsaremos de alguna forma la rendición de cuentas y el sistema de responsabilidad para aquellos servidores públicos deshonestos.

El amparo a que nos referimos, derivo de una denuncia de juicio político presentada contra varios servidores públicos municipales de la administración pasada (y algunos de la actual), por la venta ilegal del famoso «terreno de los bomberos» y eso permite que se abra la posibilidad de volver a presentar la solicitud de juicio político y obligar al actual Congreso del Estado a tramitarlo y resolverlo.

Nuestros diputados locales ya no van a poder eludir su responsabilidad simplemente «congelando» la denuncia de juicio político, ahora van a tener que tramitarla y decidirla y dar la cara a la sociedad en caso de que terminen absolviendo al denunciado, a pesar de las pruebas que se acumulen en su contra. Como quien dice, van a tener que tomar «riesgos políticos» y decidir entre si ayudan a alguien que evidentemente es culpable y quedan en evidencia ante toda la sociedad, o si cumplen con su deber legal y moral, sancionando a quienes actúan ilegalmente. Eso está por verse.