Muchas notas hemos leído en la prensa local, en el sentido de que a corto plazo, se espera para Mazatlán una bonanza económica la cual, mayormente tendrá origen en los estados de Coahuila y Durango gracias a la carretera Mazatlán -Durango a la que le falta poco para estar funcionando al 100 por ciento.
Ojalá que esa esperanza se transforme en una realidad y que a nuestro puerto lleguen muchas inversiones que reactiven la economía local y generen muchas fuentes de empleo. A todos los mazatlecos, pero especialmente a las autoridades locales, les corresponde cuidar y proteger a esos inversionistas.
Y para hacerlo, es importante que se tome en cuenta por lo menos, que el desarrollo urbano que seguramente se va a dar con motivo de estas inversiones, se encuentre debidamente soportado desde el punto de vista legal. Es decir que los inmuebles que se vayan a adquirir por los inversionistas, no tengan problemas legales y que el uso del suelo, los permisos y las licencias necesarias para llevar a cabo la construcción de las inversiones que se esperan, se ajuste a las normas legales correspondientes.
En pocas palabras, que nuestras autoridades municipales expidan los permisos de construcción única y exclusivamente si se respetan las normas relativas al uso de suelo, densidad de población, vialidades, etc., para no generar una saturación de los servicios públicos como drenaje, agua potable y electricidad, sin dejar de lado la saturación de las calles y avenidas correspondientes por el incremento de habitantes en la ciudad y sin afectar al medio ambiente.
Decimos ésto porque desgraciadamente nos ha tocado participar en casos en tribunales, en donde están a discusión licencias y permisos de construcción de torres de condominio, de gasolineras o de otros giros, que fueron mal otorgados y que obviamente pueden traer como consecuencia un daño económico para el inversionista.
Los mazatlecos no queremos ahuyentar a los inversionistas que vienen de fuera, al contrario, queremos que vengan y que inviertan mucho, y para hacerlo, necesitamos hacer que se respeten las leyes de desarrollo urbano y de medio ambiente correspondientes.
Algo podemos hacer cada uno de nosotros para proteger a los inversionistas que vienen, es cuestión de pensar. Los profesionales inmobiliarios tienen un gran campo de acción en este sentido, así como los notarios públicos y los abogados que se especializan en este tipo de negocios.
Hay que aprovechar la buena disposición y la capacidad de los profesionales locales con la que contamos, para qué los empresarios que están dispuestos a invertir en nuestra ciudad tengan una muy buena experiencia y atraigan más inversiones.
Por David Cristóbal Álvarez Bernal