Un Corredor Público puede estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones, de cualquier clase o naturaleza, incluso aquellos que necesiten reconocimiento especial por su particularidad.

Los avalúos que emite el Corredor Público proporcionan seguridad jurídica de la que carecen los avalúos practicados por particulares, pues los avalúos practicados por Corredor Público, tienen pleno valor probatorio en todas las materias, como lo son la materia fiscal, en juicios de amparo, juicios mercantiles o civiles, procedimientos y juicios administrativos y en general de cualquier otra clase, y su fuerza y alcance es total, tanto así, que la propia Ley de Instituciones de Crédito (la que regula a los bancos), manifiesta que los avalúos practicados por dichas instituciones tendrán la misma fuerza y el mismo valor que los emitidos por los Corredores.

Los avalúos más frecuentes que se practican en las corredurías del país, son entre otros:

• Para juicios, litigios y procedimientos.
• Para acreditar el valor de un bien que se pretende dar en garantía al fisco.
• En la reevaluación de activos para capitalizarse.
• Valuación de activos para su venta.
• Valuación de activos para fines fiscales.
• Valuación de intangibles como marcas y derechos de autor.
• Valuación de muebles e inmuebles, joyas y obras de arte, precios de transferencia, entre otros.